UnidosUS: Acabar con el estatus temporero TPS es otro paso cruel de la agenda anti-inmigrante de Trump
El Congreso debe actuar rápidamente para proteger a las familias
WASHINGTON, DC— Hoy día, UnidosUS (anteriormente conocido como el NCLR), ha denunciado a la administración Trump por haber terminado con el estatus protegido temporero conocido en inglés como el Temporary Protected Status (TPS) para miles de nicaragüenses que han residido en los Estados Unidos legalmente por casi dos décadas. La decisión es la última movida de la administración Trump para acelerar las deportaciones que causan la división de familias, lo cual en este caso tiene unas implicaciones profundas tanto en este país como el exterior.
Aunque se espera una decisión del Departamento de Seguridad Nacional en cuanto al futuro del TPS para los hondureños, el no haber llegado a una decisión resultó en una extensión automática de seis meses para beneficiarios del TPS de Honduras. Esta es una muestra más de las condiciones precarias que todavía existen en el país. Recalcamos nuestro llamado a esta administración para que extienda el TPS para los hondureños, quienes han vivido legalmente en este país por casi 18 años.
Los beneficiarios del TPS son de las poblaciones más vulnerables de los Estados Unidos, ya que son personas que han sido desplazadas a causa de guerras, desastres naturales y otros eventos extraordinarios que sucedieron en sus países de origen y por los cuales los Estados Unidos les ha designado con un estatus protegido. En menos de 65 días, la administración debe también decidir el futuro del TPS para los salvadoreños y los haitianos, quienes representan 250,000 beneficiarios del TPS adicionales.
“La decisión de hoy de terminar con el TPS de los nicaragüenses afectará no solo las vidas de los protegidos por el TPS, sino las de sus familias y de sus comunidades. Estos son individuos que trabajan y contribuyen a sus comunidades locales, son dueños de negocios y tienes préstamos hipotecarios, y quienes han sido sometidos a amplias revisiones de antecedentes cada 18 meses desde que llegaron a esta país. Quitarles su estatus migratorio legal es simplemente cruel y lo único que logra es dividir a las familias y crear inestabilidad económica en las comunidades y en los países aliados de los Estados Unidos en Centroamérica”, dijo Janet Murguía, presidente y CEO de UNIDOS US.
El impacto en este país y en el exterior de derogar estas designaciones de TPS será severo. Los países que fueron designados para el TPS todavía enfrentan los efectos de las condiciones por las cuales se les designó originalmente y enfrentarán retos considerables para reintegrar a esta cantidad considerable de personas. En los Estados Unidos, el estado de Texas por ejemplo, el cual se encuentra en el proceso de reconstrucción después del huracán Harvey, podría perder hasta $2.2 mil millones de su producto interno bruto o GDP anual si pierde a los beneficiarios del TPS que actualmente viven en ese estado. Hoy día, el 30 porciento de los beneficiarios del TPS, incluyendo a los que viven en Texas, tienen hipotecas y el 11 porciento de los beneficiarios del TPS que son parte de la fuerza laboral son empleados autónomos lo que significa que han ayudado a crear empleos no solamente para ellos mismos sino para otras personas en la comunidad.
“Urgimos al Congreso a que actúe rápidamente para proteger a estas familias y evitar cualquier daño que pueda causar la decisión irresponsable e innecesaria del día de hoy”, concluyó Murguía.